El objetivo es que este verano se llegue a un acuerdo que esté consensuado y refrendado por una amplia mayoría parlamentaria, ya que “el agua debe ser una auténtica política de Estado, consensuada, que dé estabilidad a las decisiones en materia de gestión más allá de cada ciclo de planificación y más allá de los cambios de Gobierno”. (Fuente: MAPAMA)