El Congreso ha aprobado, con el apoyo del PP y la abstención de CIU, la ley de evaluación ambiental, que regulará el control de la polémica técnica del “fracking” y que ha sido rechazada por el resto de la oposición por “centralizadora” y por “colar de rondón” el reciente acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura.