Tras el accidente de Fukushima, las autoridades europeas decidieron obligar a todas las instalaciones nucleares de la UE a pasar las denominadas pruebas de resistencia. Sus responsables deberán incluir mejoras adicionales a las establecidas en su diseño original para hacer frente a situaciones "extremas improbables", capaces de producir daños en el núcleo y escapes radiactivos. El informe definitivo deberá estar antes del 31 de diciembre.